El consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero, ha anunciado que algunas de las empresas propiedad de la familia solicitarán "en los próximos días" la entrada en concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos.

Aunque no precisó cuáles, Ruiz Mateos ha indicado que queda al margen de este procedimiento la división hotelera Hotasa, cuyos hoteles tiene a la venta. Además, aseguró que Nueva Rumasa emprenderá acciones legales de todo tipo, entre ellas la presentación de una querella, contra el Santander, entidad a la que culpa de su situación "extrema", dado que era su principal banco financiador y "de la noche a la mañana cortó cualquier vía de comunicación" con sus empresas.

Según detalló, Santander tiene alrededor del 50% del riesgo bancario del grupo, con 280 millones de euros en créditos, que se elevan a 330 millones contando los de Banesto. "Vamos a actuar de forma implacable, porque es muy responsable de todo lo sucedido en Nueva Rumasa", apuntó el ejecutivo, que avanzó su intención de personarse e investigar "todas y cada una de las causas que el banco tiene abiertas, como Madoff, Lehman Brothers o Banif", dijo Ruiz-Mateos.

Con este propósito, anunció la creación de una "plataforma internacional de perjudicados por el Santander y la entidad Morenés & Botín".

Ruiz-Mateos afirmó que la entidad que preside Emilio Botín cortó el crédito a Nueva Rumasa pese a tener garantizado continuar con ello en el futuro, obligó a la cancelación de 200 millones de euros sobre un riesgo total de 400 millones y "coaccionó" al grupo para la venta de activos, fundamentalmente solares, a la mitad de su valor.

CESIONES DE CRÉDITO

Además, remarcó que Santander es su principal banco desde el año 93, cuando se inició una operación de 1.000 millones de las antiguas pesetas, "coincidente con las cesiones de crédito, y han cortado coincidiendo con el archivo de las cesiones de credito".

Nueva Rumasa avanza, entre otras medidas, que solicitará al Banco de España el cese de Alfredo Sáenz como consejero de cualquier entidad bancaria y una querella criminal contra los representantes del Banco Santander por cualquier retribución que puedan realizar una vez publicada la sentencia.

Tras responsabilizar a esta entidad, junto con la incidencia de la crisis, de las "tensiones de liquidez" de Nueva Rumasa, el consejero delegado explicó que después de que 29 sociedades de la familia entraran en fase preconcursal, han negociado con fondos y con compañías interesadas en comprar algunas de sus empresas, así como con grupos que han propuesto alianzas.

Sin embargo, consideró que, como el preconcurso no impide que siga habiendo actuaciones ejecutivas por parte de acreedores y la situación de tesorería de las empresas "ha empeorado", han considerado que la mejor forma de alcanzar acuerdos es en el marco de un proceso concursal.

OAKTREE CAPITAL

En relación al fondo Oaktree Capital, sólo dijo que el grupo "se ha anticipado dando este paso adelante" y dijo desconocer que, como afirman fuentes del mercado, esta firma descarte realizar una inversión.

"Nuestro principal error ha sido querer mantener el empleo", apuntó el directivo durante la rueda de prensa, que indicó que Nueva Rumasa tiene previsto diseñar un plan de viabilidad para cada una de las empresas y que tendrá que acometer una reestructuración de personal que, en cualquier caso "no será excesiva".

MANIFESTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Cerca de 2.000 trabajadores de las empresas de Nueva Rumasa se manifestarán el próximo sábado en Madrid para reclamar medidas urgentes para paliar la situación derivada de la insolvencia de varias empresas del 'holding' de la familia Ruiz-Mateos.

"Con esta manifestación los trabajadores y los sindicatos pretenden poner de manifiesto a toda la sociedad, Gobierno y estamentos políticos y jurídicos la grave situación de la empresa y la necesidad de que se tomen medidas urgentes", señalan desde CC.OO. y UGT, convocantes de la manifestación.

Entre las soluciones, los sindicatos reclaman el pago de salarios adeudados a los trabajadores y que se nombre un administrador general dentro de los procesos concursales que permita visualizar la dimensión del problema con el objetivo de mantener el mayor número de empleos.

Asimismo, los convocantes piden que se aleje del control de las empresas a los actuales gestores y que las empresas se pongan en manos de entidades profesionales que se encarguen de sacarlas para adelante.