La alcaldesa socialista de Plasencia, Elia María Blanco, ha sido imputada por el Juzgado de Instrucción Nº4 de Plasencia en el que se investiga por un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Plasencia. Al igual que sus tres concejales imputados con anterioridad, los delitos de los que se le acusa son prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales. La alcaldesa prestará declaración el día 14 de enero.

La imputación de la alcaldesa responde a las declaraciones de los imputados, entre los que también se encuentra el propio empresario supuestamente favorecido, ex militante histórico socialista, el constructor José Antonio Romero Vega. También están imputados el interventor Roberto del Olmo y el secretario Antonio Santibañez.

Los tres concejales son Blas Raimundo (concejal de Obras), Francisco Barbancho (concejal de Hacienda y alcalde en funciones cuando se adjudicó una obra) y Enrique Tornero (Juventud y Deportes).

El juez investiga si las obras eran fraccionadas en su presupuesto para que éstas no salieran a concurso público (son obligatorias a partir de 50.000 euros) y así adjudicarlas directamente al empresario. Ahora se imputa a la alcaldesa como responsable final de las adjudicaciones, ya que la mayoría de ellas llevaban su firma y daba por tanto el visto bueno, según han declarado en el juzgado los imputados.

También fueron llamados a declarar, en este caso como testigos, un arquitecto, Antonio López Mateos Orantos, y una aparejadora municipal, los de más antigüedad el Ayuntamiento, quienes adviertieron que las obras deberían de haberse sacado a concurso público por ser de obra mayor y no menor, por las cantidades por las que se estaban adjudicando.

Las adjudicaciones de obras en las que supuestamente se produjeron irregularidades son la construcción de un circuito de motocross y autocross, aparcamiento de La Isla, cubierta de la piscina climatizada y mantenimiento de la Ciudad Deportiva. El pago del Ayuntamiento por estas obras se ha elevado a unos 600.000 euros. El pago se realizaba a través de numerosas facturas fraccionadas.

El interventor municipal declaró en los juzgados y aportó pruebas de que él había puesto impedimentos a las adjudicaciones de estas obras, advirtiendo a los políticos que tenían que sacarse a concurso. El resto de los imputados, incluido el constructor y el secretario, han negado que las obras fueran adjudicadas 'a dedo'.

En una rueda de prensa, el concejal de Hacienda Francisco Barbancho focalizó la responsabilidad de las irregularidades en el interventor municipal, que se defendió ante el juez asegurando que había advertido de las irregularidades a la alcaldesa y a los concejales. De hecho, el interventor declaró que se lo adviertió directamente a la alcaldesa en persona, "pero esta hizo caso omiso y se mantuvo en sus treces".

Ahora, al margen de la cuestión judicial, habrá que esperar a la determinación que toma la dirección regional del PSOE. Por el momento, el propio Vara ha respaldado a los tres concejales imputados. Habrá que comprobar si, a falta de menos de seis meses para las elecciones, primero la mantiene en el cargo y segundo si la apoya para que vuelva a repetir como cabeza de cartel socialista en Plasencia.

Por el momento hay un antecedente. El concejal de obras, Blas Raimundo, imputado, es a su vez alcalde de la entidad menor de San Gil y el PSOE, además de ofrecerle un homenaje, le ha pedido que se vuelva a presentar.

La investigación del caso comienza en el año 2007, cuando el PP en la oposición comienza a estudiar las adjudicaciones de dichas obras, concluyendo que las irregularidades también podrían venir también de años anteriores, aunque las que se están investigando se refieren a la actual legislatura.

Los imputados han declarado en el Juzgado que no hubo compensación económica personal a cambio de otorgar las obras al constructor socialista y que no eran conscientes de que estaban cometiendo irregularidades al fraccionar las obras y adjudicarlas directamente sin sacarlas a concurso, a pesar de que de esta manera se perjudicaba económicamente al Ayuntamiento y de ahí la imputación también por exacciones fiscales, porque los impuestos y tasas que pagaba el constructor por dichas obras eran mucho menores.

PP LAMENTA LA SITUACIÓN

El Partido Popular de Plasencia, que fue quien presentó la denuncia ante la Fiscal-Jefe, asegura en una nota de prensa que "lamenta la situación por la que atraviesa el Equipo de Gobierno, pero recuerda que es fruto de la gestión socialista".

El partido Popular quiere manifestar una vez más su absoluto respeto al proceso judicial que se está llevando a cabo en el juzgado de instrucción nº 4 de Plasencia. Sin embargo no puede más que lamentar la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento como consecuencia de la gestión socialista, encabezada por Elia Mª Blanco "instalada en el autoritarismo, la desinformación y  falta de rigor que ha imperado durante los últimos años de Gobierno del PSOE en la ciudad".

El Partido Popular pide al Equipo de Gobierno "que no mezcle los asuntos privados con los públicos y que no se deje llevar por el nerviosismo, la situación por la que atraviesa la ciudad,  con un número importante de parados, una economía lamentable y unos proyectos irreales, no puede permitirse ni un solo día más de desgobierno y falta de liderazgo, por eso pide especialmente a la alcaldesa que se centre en gobernar y dar soluciones a los placentinos".