La Confederación Española de Policía en Extremadura (CEP) anima a la Junta de Extremadura a que se "plantee la posibilidad" de reformar la normativa legal que regula el uso de las viviendas de titularidad pública para "poder proceder al desahucio de aquellos moradores que las usan para cometer hechos delictivos".

Una propuesta que la CEP ha realizado ante los "graves altercados que vienen sucediendo de forma más o menos continuada" en distintos barrios de la comunidad extremeña, y en los que considera necesaria, además de la actuación policial, "la implicación de otros estamentos autonómicos para poder hacer frente a estas situaciones de violencia y delincuencia mediante los desahucios de estas viviendas sociales".

En nota de prensa, la CEP considera que esta medida debería verse apoyada por el envío, por parte del Ejecutivo autonómico, de "inspectores de obras destinados a esos inmuebles porque ayudaría a evitar la comisión de infracciones penales".

Y es que, a su juicio, si los inspectores del Gobierno extremeño realizarán labores de control sobre las obras ilegales que se llevan a cabo en esas casas "se facilitaría el trabajo policial" ya que "la mayoría" de estas viviendas, "se han convertido en auténticos búnkeres en los que es prácticamente imposible entrar y en las que el tráfico de sustancias estupefacientes es una constante".

Finamente, y sobre los últimos altercados ocurridos en la barriada de Suerte de Saavedra en Badajoz, la CEP ha reclamado al nuevo delegado del Gobierno en la región, Alejandro Ramírez del Molino, que mantenga una reunión con los responsables sindicales para trasladarle sus reivindicaciones en materia de seguridad. "Y es que tras más de un mes desde su toma de posesión todavía no se ha reunido con los sindicatos policiales", lamenta.