Un sistema democrático correctamente orientado descansa –entre otros- en un pilar fundamental: la información. Para que los ciudadanos analicen cómo se han gestionado sus recursos durante los cuatro años de un mandato, es esencial que, previamente, la administración  les facilite de buen grado datos veraces con los cuales conformar un juicio ecuánime.

Cuando faltan cincuenta días para la celebración de las elecciones locales, el Partido Popular informa de que el alcalde de Mérida ha obrado arbitrariamente, al manifestar en un medio de comunicación que no facilitará el detalle de la  deuda contraída con proveedores, pese a estar obligado a ello por la ley.

También ha informado a los ciudadanos de que la deuda reconocida con entidades bancarias por el equipo de gobierno es, en total, de 41.775.749,93 euros, dato que, por fin, la oposición ha logrado obtener después de ciertos “errores aritméticos” manifestados anteriormente por parte del Sr. Alcalde, cantidad que supondría triplicar prácticamente la deuda que se encontró el actual equipo de gobierno en 2007. No sabemos si la cifra facilitada esta vez contiene errores o no; pongámosla en cuarentena.

A falta de datos contrastados respecto de la deuda a proveedores podemos imaginar, pues, algo por el estilo: que haya aumentado el triple o más de lo que se encontraron.

Añadamos a esta incertidumbre que los gastos por personal han aumentado de 16 millones de euros en 2006 a 26 millones en el presupuesto del año 2010: juzguen ustedes mismos y añadan al dato la sospechosa actitud del equipo de gobierno poniendo trabas a la información acerca de esta deuda y contradiciéndose respecto de la bancaria. Cualquier estimación prudente puede llevarnos a temer lo peor.

Vivimos instalados en la arbitrariedad. Además de lo precedente, esta misma semana el Sr. Alcalde declaró, ante la sentencia del TSJEX que anula la licencia de primera utilización de las viviendas de PROINTISA concedida ilegalmente que él “hizo lo correcto al conceder la licencia”.

Se trató, pues, de una decisión personal suya; y enmienda así la plana a los Tribunales de Justicia, cuyas sentencias tienen carácter de ley y que han dicho exactamente lo contrario: que no hizo lo correcto, sino lo ilegal. Mientras, Calle se erige en juez y parte de lo que él cree justo frente al “empresario especulador”, descalificación que sin duda tendrán muy en cuenta los inversores que deseen instalarse en Mérida en lo sucesivo.

Los ciudadanos hemos de ser conscientes de que estas actitudes no son de recibo.

La autoridad temporal con la que investimos a varios de nuestros conciudadanos para administrar los recursos comunes ha de utilizarse con respeto a la ley, proporción y sentido común.

El pánico a perder unas elecciones no puede disculpar actitudes semejantes: para votar con conocimiento, exigimos saber con claridad y cuanto antes qué se ha hecho con nuestro dinero, y si el equipo de gobierno va a acatar las sentencias judiciales, o a declararse en rebeldía. Sólo de este modo comprenderemos cómo hemos llegado a esta situación, y si podremos salir de ella en breve.