Dicen los más veteranos en el oficio de la política que no recuerdan haber vivido una precampaña más agitada y turbia que ésta de las elecciones municipales y autonómicas emeritenses, y también hay quien culpa de este ambiente enrarecido a la actitud de las dos formaciones mayoritarias en igual medida.
Quien siga atentamente la vida política local, llegará a la necesaria conclusión de que las acusaciones son mutuas, pero el contenido de las mismas es de naturaleza bien distinta.

El Partido Popular, de cuya candidatura tengo el honor de formar parte, se ha limitado, en estos días previos a la campaña, a recorrer diversas zonas de Mérida para cumplir con lo que considera su obligación: denunciar ante  los ciudadanos los errores cometidos por el equipo de gobierno municipal, y los incumplimientos del Partido Socialista para con Mérida a nivel nacional, autonómico y local, lo que nos ha llevado a la más elevada cifra de paro y a la más calamitosa situación económica que la ciudad haya vivido en democracia. 

Ante los pésimos resultados de su mandato y ante la ausencia de excusas creíbles, el Partido Socialista ha manifestado su nerviosismo iniciando una operación de desgaste de carácter personal contra la candidatura popular, campaña que han extendido hasta los familiares -que nada tienen que ver con la política- de alguno de sus miembros.

Conviene subrayar que el Partido Socialista no ha respondido en los mismos términos a la legítima crítica política, sino con un ataque mediático-judicial “ad hominem”, que pretende la destrucción personal del adversario en lugar de rebatir sus argumentos o defender la gestión realizada.

La ocurrencia de la semana ha sido la interposición de una denuncia del Partido Socialista contra algunos miembros de la candidatura popular que tuvieron anteriores responsabilidades de gobierno. Se trataría de utilizar de forma espuria a la administración de Justicia a un mes de las elecciones: ¿por qué ahora, cuando ya no existe posibilidad de que los jueces decidan siquiera sobre la admisión a trámite o no de tal denuncia, y no durante los últimos cuatro años? La respuesta parece clara: no se busca justicia, sino sembrar sospechas sobre el adversario aprovechando la indudable ventaja mediática que les ofrece la utilización de los recursos públicos.

De este modo se pretende amortiguar el impacto que el conocimiento de las cuentas municipales ha tenido entre los ciudadanos: la deuda municipal supera ya los sesenta millones de euros.

Para clarificar la situación, la candidatura popular ha puesto a disposición de los emeritenses sus declaraciones de patrimonio -cosa inusual en quienes aún no ostentan cargos públicos-, y continuará su labor informativa trabajando día a día hasta la jornada de reflexión para hacer llegar sus propuestas a los ciudadanos: de su eficacia habla su pasada gestión. Las excusas, insidias y ataques personales las dejamos para otros: aquellos que sólo pueden ofrecer a los emeritenses promesas incumplidas.