Gran parte de la paralización en la que se encuentra hoy el Ayuntamiento de Mérida proviene de un gran desorden: durante los últimos cuatro años el gobierno municipal socialista ha actuado sin rumbo, a golpe de ocurrencias políticas  y  demagógicas, arrastrado por las consecuencias de sus propios errores y sin seguir un plan preciso en cuanto al cálculo de los medios para la consecución de sus objetivos.

El descontrol del gasto en una economía que encontraron saneada y que han destruido en cuatro años, y su manifiesta incapacidad para gestionar los asuntos públicos les obliga a comparecer, al final de su gestión, con las manos vacías.

El asunto de la deuda municipal destruye por completo toda credibilidad en el actual equipo de gobierno. El crédito político no se consigue con retóricas empalagosas, frases huecas o maniobreras estrategias judiciales a treinta días de las elecciones, sino con hechos: diciendo la verdad a los ciudadanos y presentando un saldo positivo y acorde con los recursos administrados. Es obvio que ante la imposibilidad de ofrecer lo segundo, el Partido Socialista emeritense ha optado por lo primero.

Si ustedes se toman la molestia de recurrir a la hemeroteca, comprobarán que “El Periódico Extremadura” del viernes 4 de marzo de 2011, dice textualmente: “¿A cuánto asciende la deuda municipal del Ayuntamiento de Mérida? El PP sostiene que supera los 60 millones de euros, mientras que el gobierno municipal la rebaja en torno a los 40 millones. La oposición asegura que tiene "dudas" (…) y por este motivo ha exigido respuestas al gobierno local mediante la convocatoria de la Comisión de Hacienda, que no se reúne desde el 1 de junio del 2010.”

Cuarenta y siete días después y gracias a la tenaz insistencia del Grupo Popular, el equipo de gobierno, muy a su pesar, se vio obligado a rendir cuentas y el engaño quedó al descubierto. Volvamos a la hemeroteca.

El diario “HOY” del día 20 de abril de 2011, bajo el revelador titular “La deuda preocupa, pero no asusta”, decía: “La situación es complicada, pero hay motivos para ser optimistas. El Gobierno local quiso trasladar ayer este mensaje después de que se conociera que la deuda con proveedores asciende a 18,67 millones de euros, lo que, sumado a los 41,7 pendientes con los bancos, deja un saldo deudor de unos 60 millones de euros.”

Cualquier observador imparcial, al contraponer ambas noticias, se preguntará alarmado en qué manos estamos: una desviación de veinte millones de euros en el diagnóstico es motivo suficiente –creo yo- para presentar alguna dimisión. Si nos encontramos ante un gravísimo engaño o ante una grandísima ignorancia es cosa que entra en el terreno de los juicios de valor, pero lo que no tiene vuelta de hoja es que quien así se ha burlado de los ciudadanos no puede invocar como eje de su política la “participación ciudadana”, pues para pedirla y para que ésta se lleve a efecto es necesario, primero, decir la verdad a los ciudadanos.