"La Junta no presentó las cuentas ni del Festival de Mérida, ni de Feval, ni del Gran Teatro de Cáceres". "La Junta no repartió los ingresos para los damnificados del huracán Mitch". "Canal Extremadura no sometió sus cuentas a una auditoría como marca la ley". "La adjudicación de las obras no fue 'coherente' con la gestión de los fondos públicos". Son los cuatro titulares que hasta este lunes ha publicado este periódico sobre el informe que ha elaborado el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las consejerías de la Junta de Extremadura en los años 2004 y 2005, aún con Ibarra como presidente de la Junta.

Son cuatro titulares absolutamente demoledores que reflejan sólo parte de este estudio exhaustivo de un organismo estatal que tiene como objetivo la función fiscalizadora de las comunidades autónomas, de conformidad con los artículos 136 y 153 de la Constitución Española. El informe, de más de 200 páginas, nos ha llevado a publicarlo en forma de serial, día a día, porque es completamente imposible resumir en una sola información tal cantidad de irregularidades que denuncia este organismo después de haber estudiado de forma exhaustiva las cuentas de la Junta.

En cualquier caso, resulta paradójico que un medio novel como actualidadextremadura.com, con apenas tres meses de vida, sea el único en la región que se haya atrevido a publicarlo, porque damos por hecho que el informe, que es público, también se encuentra en todas las redacciones de dichos medios. De lo contrario estaríamos hablando de negligencia o falta de motivación e interés en conseguirlo desde que la pasada semana un resumen del mismo fue publicado por el periódico nacional 'El Economista.es'.

Otra cosa es que sea conveniente publicarlo para la mayoría de ellos, demostrando una vez más qué tipo de democracia, y por tanto qué libertad de prensa, se está desarrollando en nuestra comunidad autónoma. Tan sólo la Cadena Cope, en el programa que dirige todos los días el periodista José Manuel Gordillo, ha dado cuenta de ello y ha felicitado públicamente el trabajo de nuestro periódico, cuestión que hay que agradecer y aplaudir en uno de los pocos ámbitos de libertad (esta emisora de radio) que queda en nuestra región, por no decir el único.

Pero lo importante, por encima de cualquier cosa, es el propio informe en sí, por encima de estas consideraciones, que, como insistimos, sólo constatan qué deficitario es el modelo de sociedad informativo se ha creado en nuestro entorno.

Se podría concluir de todo lo publicado que el Tribunal de Cuentas hace una enmienda a la totalidad de la gestión del gobierno de Ibarra en los años 2004 y 2005, haciendo una crítica durísima prácticamente en todos los ámbitos de las diferentes consejerías pues el informe censura y añade a todas ellas. Quizás la más sorprendente de todas, por su falta de humanidad y solidaridad (precisamente de lo que presumen los socialistas), es la denuncia que hace el Tribunal de Cuentas sobre los fondos recaudados por la Junta de Extremadura para los desfavorecidos por el huracán Mith, y que nunca fueron enviados a los países afectados, quedándose en una cuenta de la administración pública durante años.

Al comprobarlo, dicho tribunal le conmina a la gobierno socialista al menos a devolver dicho dinero a la institución que lo donó varios años antes. Es para que a alguien se le caiga la cara de vergüenza, si es que el responsable de tamaño desatino aún la tiene. Y Vara, ya como máximo responsable de la Junta, debería de preocuparse de ello porque si no habrá que concluir que es verdadero demagogo, siguiendo así los pasos de su antecesor, además de complice en lo sucedido. Esta misma semana reclamaba se escandalizaba por la escasa preocupación, a su entender, de la Comunidad Internacional para los damnificados por el cólera en Haití. ¿Pero si todavía Extremadura, de la que él es el máximo responsable, no hay enviado los fondos recaudados de los afectados por el huracán Mitch, tragedia ocurrida hace ya una década?

Quizás sea una anécdota este asunto, pero ejemplifica el nivel de impunidad que ha tenido/tiene la Junta durante los 30 años que gobierna Extremadura, casi sin oposición y con una sociedad anestesiada por unos inanes medios de comunicación, plegados al poder para poder sobrevivir.

Esta impunidad se hace patente en que la Junta literalmente 'pasara' de presentar las cuentas del Festival de Mérida, de Feval o del Gran Teatro de Cáceres, con las ingentes cantidades económicas que ahí se mueven, o que Canal Extremadura pisoteara la ley y también diera la espalda a que sus cuentas fueran controladas por una auditoría como marca la norma.

Esta semana daremos un paso más en las informaciones del Tribunal de Cuentas. Quizás lo publicado en los primeros capítulos quede en poco cosa si lo comparamos con la denuncia de las irregularidades constadas en las adjudicaciones de los contratos públicos, unas sospechas que siempre estaban en el ambiente pero que casi nunca nadie se atrevió a descubrirlas, salvo en casos contados como las 'vallas del paleto' del entonces consejero de Economía, Manuel Amigo, o los contratos millonarios de obras a la empresa de Federico Suárez (ex presidente de la Asamblea y del PSOE y mano derecha del propio Ibarra). Hay algunos casos más, pocos, descubiertos, sólo la punta del iceberg de un régimen con todo el poder del mundo y cuyos dirigentes durante años obraron con absoluta impunidad.

De ahí que el Tribunal de Cuentas se eche, literalmente, las manos a la cabeza sólo con estudiar algunos de los contratos de varias consejerías. Las tilda de "incoherentes" en el manejo de los fondos públicos y denuncia que la propia Junta omitió los documentos que le había expresamente requerido el propio Tribunal para intentar aclarar estas adjudicaciones, otorgadas precisamente a aquellas empresas que ofrecían los presupuestos más caros para la administración, "careciendo de justificación para ello". Y para saltarse los concursos, les ponían las etiquetas de 'procedimiento de urgencia' para otorgarlas 'a dedo' cuando, como denuncia el Tribunal, luego trancurrían meses y meses y las obras no comenzaban.

En fin, un verdadero escándalo político que debería de convertirse también en penal si o bien la Fiscalía, que lo dudamos, entrara a fondo en el asunto (el Tribunal de Cuentas le ha remitido el informe completo) o si el PP lo denunciara en los Tribunales.

En cualquier caso, jamás Ibarra podrá ya de presumir de haber gobernado Extremadura con absoluta limpieza. Muchos sospechábamos que no era así. Ahora, tenemos las pruebas.