Dicen en el pueblo que era un secreto a voces. Y eso da la impresión, pero a ver quien le ponía el cascabel al gato si estaban implicados, como clientes de la menor madrileña de 14 años explotada por un clan rumano, nada menos que el juez de paz que había sido ex concejal socialista de Festejos en la pasada legislatura y otro ex concejal, este de Izquierda Unida que ante la presión tras conocerse los hechos y en una localidad donde todos se conocen –tiene 4.000 habitantes- se quitó la vida de un disparo.

La operación todavía no está cerrada, y al margen de los siete explotadores rumanos sin escrúpulos, incluido el novio de la menor, que la separó de sus padres, una familia vecina de la calle Serrano, también están implicados otros tres vecinos del pueblo.

Una nueva tragedia en la crónica de la España negra, pero al margen de los hechos gravísimos y de los cargos públicos de los implicados, también habrá que preguntarse cómo es posible que una niña de 14 años se vaya de casa y se olvide durante tres meses de sus padres, al quedarse prendada de un joven rumano de 21 años y cambie una vida en principio cómoda por el dinero por un sueño amoroso en un pueblo de la profunda Extremadura, aunque su calvario, luego, lógicamente, no esté justificado.

En definitiva, que se dan todos los ingredientes de una película de serie negra: un héroe, el policía local que la salvó, una víctima, la menor de 14 años explotada sexualmente, y unos villanos, tanto los rumanos explotadores como los vecinos españoles que se aprovecharon impunemente durante tres meses.

Otro de los análisis es el papel que está jugando la delegada del Gobierno, intentando tapar la implicación de los cargos públicos en el caso, como el Juez de Paz del pueblo, ex concejal socialista del PSOE, también imputado. Tampoco quiso confirmar pasadas ya unas horas que el ex concejal de IU se había suicidado. Y no es la primera vez que la delegada intenta tapar asuntos oscuros, como cuando pillaron a Vara 'infraganti' a 180 km/h y dijo primero que no era el coche del presidente de la Junta y sí el de los escoltas, teniendo que ser el propio Vara el que luego la desmintiera asumiendo que fue su chófer.

El intento ahora de la Junta, un día después de conocerse los hechos, no ayer, cuando la propia delegada compareció ante la prensa para dar los primeros datos, de ponerse al frente de la manifestación, anunciando que se va a presentar como acusación particular es sólo un intento de tapar la imagen. Lo que desgraciadamente no se va a poder parar es el nuevo capítulo de sucesos de la España profunda, que de nuevo ha puesto a los pies de los caballosa nuestra comunidad autónoma.